El Reglamento e-Evidence permite a autoridades judiciales solicitar pruebas directamente a proveedores de servicios sin auxilio judicial internacional.
Las organizaciones criminales evaden el reglamento trasladando servidores a países que no cooperan con la Unión Europea.
Las multas de hasta el 2% del volumen de negocios mundial solo afectan a proveedores con intereses en el mercado europeo.
Los proveedores en jurisdicciones no colaboradoras pueden ignorar las órdenes sin consecuencias, forzando a la vía lenta de la cooperación internacional.
La prueba del crimen digital se esconde donde Europa no puede llegar, necesitando instrumentos para perseguir delitos de organización criminal.